ALDAMA ENTENDIÓ LA JUSTICIA ESPAÑOLA
Víctor de Aldama no va a entrar en prisión. Esa es la frase que queda. La que resuena. La que se pega al paladar como una burla institucional. Condenado a 4 años y medio por el caso Mascarillas, señalado como pieza empresarial de una trama que hizo negocio con la emergencia sanitaria, el comisionista evita la cárcel porque el Supremo considera que su colaboración fue decisiva para descubrir los delitos. La justicia lo llama atenuante. La calle lo entiende de otra forma: si cantas bien, si señalas hacia arriba, si sirves al relato correcto, la puerta de la celda puede convertirse en una puerta giratoria.
Ábalos se lleva 24 años y 3 meses. Koldo García, 19 años y 8 meses. Aldama, 4 años y medio y trabajos para la comunidad. Hay que repetirlo despacio. No para defender a Ábalos. Que nadie se equivoque. Si la sentencia acredita corrupción, cohecho, tráfico de influencias, malversación y organización criminal, que paguen. Que paguen quienes usaron la pandemia como caja registradora. Que paguen quienes se aprovecharon del miedo colectivo mientras las enfermeras y enfermeros trabajaban reventados y la gente enterraba a sus muertos sin poder abrazarse.
Pero lo de Aldama tiene otro olor. Olor a premio. Olor a utilidad política. Olor a personaje que descubre tarde la ética y justo a tiempo la estrategia.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido para él 7 años. El Supremo lo deja en 4 años y medio y suspende la entrada en prisión. Condiciones: no volver a delinquir, entregar informes semestrales y realizar trabajos comunitarios durante 1 año. Todo muy pulcro. Todo muy legal. Todo muy limpio sobre el papel. Pero la pregunta no desaparece por estar escrita en lenguaje jurídico: qué clase de justicia produce la sensación de que el corruptor útil siempre cae de pie.
Aldama no se limitó a colaborar. Aldama hizo carrera de plató. Se convirtió en munición contra el Gobierno. En invitado deseado. En personaje fetiche de esa derecha que no busca justicia, busca carnaza. No quería solo que se investigara la corrupción. Quería que la corrupción sirviera para construir una película completa: Sánchez, el PSOE, la caída del régimen, la gran conspiración, el sobre misterioso, la bomba definitiva. La ultraderecha lo entendió al vuelo. Siempre entiende estas cosas. Sabe detectar un instrumento.
Y Aldama se dejó querer.
Ahí está la foto política. Llegar al Supremo acompañado por Daniel Esteve, dueño de Desokupa, no es un detalle menor. Es una declaración visual. Es decirle al país con quién caminas, quién te arropa, quién te conduce hasta la puerta del tribunal. Después vino la normalización del personaje en el ecosistema ultra. Actos, focos, sonrisas torcidas, discursos contra el Gobierno y esa estética de matonismo mediático que convierte cualquier causa judicial en una romería contra la democracia.
Aldama no solo declaró ante la justicia. Aldama se subió al escenario de la reacción.
LA JUSTICIA, EL RELATO Y EL PRECIO DE CANTAR
La derecha dirá que todo esto demuestra la podredumbre del PSOE. Y una parte la demuestra, claro que sí. No hay que esconderse. La corrupción de Ábalos y Koldo, si queda probada en esos términos por el Supremo, es una vergüenza política de primer orden. Es una herida directa al discurso progresista. Es munición regalada a quienes llevan años diciendo que todos son iguales. No lo son, pero algunos se empeñan en parecerlo.
El problema es otro. El problema es que el mismo sistema que castiga duramente a unos decide premiar al empresario que estaba en el engranaje. El que sabía cómo se movía el dinero. El que se beneficiaba del acceso. El que, según la propia causa, formaba parte de esa arquitectura de favores, contratos y mordidas. Aldama no era un vecino despistado que vio pasar la trama por la ventana. Era parte del mecanismo.
Y aun así, no dormirá en prisión.
La explicación jurídica existe. La colaboración con la justicia se premia. Eso no es nuevo. A veces es necesario para desmontar organizaciones criminales. Nadie niega esa herramienta. La cuestión es cómo se aplica y qué mensaje deja. Porque cuando un empresario condenado por corrupción evita la cárcel después de convertirse en ariete mediático contra el Gobierno, la ciudadanía tiene derecho a levantar la ceja. Y algo más que la ceja.
Esto va de justicia, pero también va de poder. De quién tiene capacidad para negociar su caída. De quién puede convertir su confesión en salvavidas. De quién dispone de altavoces para presentarse como arrepentido cuando en realidad está defendiendo su propio pellejo. De quién puede pasearse con la extrema derecha, alimentar el circo y terminar recibiendo una salida mucho más amable que quienes no tienen nada que ofrecer al relato dominante.
Aldama, en cambio, ha entendido el manual del capitalismo judicial: si tienes información, dosifícala; si tienes enemigos útiles, señálalos; si tienes focos, aprovéchalos; si tienes cerca a la ultraderecha, conviértela en blindaje.
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