Esto no es un trámite técnico, es un golpe a la democracia. El gerrymandering suele hacerse tras el censo (cada 10 años). Ahora, se rompe esa regla para asegurar el poder de una minoría que teme perder las próximas elecciones de 2026.
La ofensiva no se queda ahí.
Durante semanas, legisladores demócratas huyeron del estado para frenar la votación. La respuesta de sus colegas republicanos fue pedir al FBI que los rastreara y obligara a regresar bajo escolta policial.
El caso más grave es el de Nicole Collier, legisladora negra, que fue forzada a dormir dentro del Capitolio bajo vigilancia policial. Una imagen escalofriante: representantes electos tratados como delincuentes por defender el derecho al voto.
Las voces críticas lo definen sin rodeos:
“Autoritario, antidemocrático y la señal más clara de un aspirante a dictador” (Public Citizen).
“Un ataque directo contra el poder político negro y latino” (Dēmos Action).
Texas es solo el principio. Florida, Indiana, Misuri y Ohio preparan movimientos similares. En respuesta, estados demócratas como California o Nueva York ya hablan de redistritaciones de compensación. Una carrera armamentística del gerrymandering que reduce la democracia a un juego sucio de mapas manipulados.
Lo que pasa hoy en Texas no es local, es global. Es el autoritarismo de traje y corbata, el que no necesita tanques ni golpes militares. Basta con lápices y mapas amañados para secuestrar la soberanía popular.

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